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El ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Daniel Antonio Vitale fue condenado este viernes a 12 años de prisión efectiva y a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos en una audiencia que tuvo lugar al mediodía en los Tribunales de Paraná por los delitos de peculado y sustracción de armas del depósito del Poder Judicial para su posterior venta en el mercado ilegal.

También se sumó en su contra una causa por amenaza en contexto de violencia de género. El fallo correspondió al Tribunal de Juicios y Apelaciones compuesto por Carolina Castagno, Cristina Van Dembroucke y José María Chemez. El ex perito regresó a la Unidad Penal Nº 1 donde venía cumpliendo prisión preventiva y en esa situación continuará hasta que la condena quede firme. El fallo completo se dará a conocer el 30 de abril.

La semana pasada tuvieron lugar en Tribunales los alegatos del juicio oral y público contra el ex perito. Allí los fiscales Ignacio Aramberry, Juan Malvasio y Fernanda Rufatti habían solicitado la pena de 15 años de prisión efectiva, más la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos. También pidieron que quedara suspendido el trámite iniciado por Vitale ante la Cada de Jubilaciones de Entre Ríos para acogerse al beneficio previsional.

En la causa también fueron condenados Maximiliano Bertoni, empleado del Departamento Médico Forense de Tribunales, quien participó del robo y venta de armas de fuego y en diciembre de 2016 logró un acuerdo de juicio abreviado por el cual se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, más la realización de tareas comunitarias. Durante el juicio, fue uno de los testigos que complicó la situación del perito.

Otros dos condenados son Eduardo Borgogno y Mario Alonso. El primero acordó en juicio abreviado tres años de prisión condicional y el segundo firmó por un año y medio. Los dos fueron acusados de conseguir clientes para la venta de armas y de cobrar los montos acordados.

Según planteó en su alegato el fiscal Malvasio, el modus operandi desplegado por la banda se iniciaba con la sustracción de las piezas de la órbita del Poder Judicial y continuaba con la entrega de las armas por parte de Vitale a Bertoni, quien luego se las pasaba a López y a Borgogno, que se ocupaban de la venta e introducción al mercado ilegal.

Los defensores de Vitale, Damián Petenatti e Iván Vernengo, del estudio del letrado Rubén Pagliotto, quien ejerció la asistencia técnica, pidieron la absolución de culpa y cargo de su cliente señalando que el perito era “inocente” y que se lo tomó “como chivo expiatorio” de una situación de irregularidad de larga data en el depósito de armas. También señalaron que el STJ no ejerció los controles correspondientes. (Fuente: Análisis Digital)

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