Quieren avanzar con la sindicalización de la policía

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“El intríngulis a resolver, no consiste en saber si en Argentina o en Entre Ríos los policías tienen derecho o no a la sindicalización sino que ello pasa por saber cuándo ese derecho les será reconocido”, dijo el autor del proyecto de ley, el diputado Jorge Monge.jorme-monge
El de la sindicalización policial es un tema que arrastra un largo debate no sólo en la provincia, sino en el país, y que incluso tuvo sus capítulos en los estrados judiciales. El foco central de la discusión se dio luego del conflicto con las fuerzas policiales en la gran mayoría de las provincias en diciembre de 2013 -que tuvo su penosa repercusión en Entre Ríos- cuando reclamaban por mejoras salariales. Una de las dificultades en ese momento fue la falta de un interlocutor válido de los agentes para dialogar con sus superiores. Fue entonces que se volvió a reflotar la discusión respecto a si es posible la agremiación de los uniformados. Las opiniones al respecto fueron muchas, pero el debate quedó pendiente, pese a que tuvo un breve impulso una iniciativa en el Congreso.
En Entre Ríos existe la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (Apropoler), y en el país se habla de una 25 entidades, muchas de ellas afiliadas a la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP), tal el caso de la entrerriana. Sólo ha trascendido un fallo a favor para una organización policial en Córdoba respecto a reconocerle el derecho de agremiación.
En ese contexto, el diputado Jorge Monge (UCR-Diamante) ingresó en la Cámara Baja un proyecto de ley que retoma este tema. Propone reemplazar el Inciso L) del artículo 14 de la ley 5654 de Reglamento General de la Policía de Entre Ríos. En ese artículo, a través de una serie de ítems, se detallan los derechos esenciales de los agentes en actividad. Monge busca habilitar la posibilidad de desplegar actos y conductas tendientes a la sindicalización, supliendo el inciso L) actual por el siguiente: “El ascenso en la carrera policial por estricto orden de mérito, recibir capacitación permanente y equipamiento adecuados, asociarse libremente para la defensa de sus intereses y la convivencia familiar”. Y abunda en legislación y fallos judiciales para respaldar argumentativamente la propuesta.
Esta iniciativa no es nueva ya que el mismo Monge lo había impulsado durante la Convención Constituyente de 2008, en el marco de “un proyecto que pretendía modernizar el Capítulo del Texto Magno entrerriano referido a la Policía”. Y recordó el diputado al fundamentar la propuesta que tomará estado parlamentario en la próxima sesión: “Lamentablemente la Convención no modificó ni consideró el tema policial. Allí proponíamos un texto que abarcaba toda la materia a la que refiere el texto de este proyecto, incluyendo el derecho a `asociarse para la defensa de sus intereses´”. Y deja en claro que, con esta modificación, apunta además a “actualizar, modernizar y darle jerarquía legal a determinadas cuestiones que hacen al régimen de la policía de la provincia”.
Si bien todo lo referido a la sindicalización  es materia de derecho de fondo, y en consecuencia,  competencia del Estado Nacional, incluir el derecho de asociación  en el Reglamento General de Policía, más allá de reconocimiento o no como sindicato, se evitarán sanciones administrativas  al personal policial que promueva, se asocie o integre una asociación profesional de policías o penitenciarios, con lo que al menos, se erigiría una valla  para toda sanción o eventual reprimenda  como consecuencia directa de la actividad asociativa en este terreno de los agentes, aunque seguramente no desterraría al principio, las sanciones encubiertas.
En suma, con la incorporación de este Inciso en la Ley Nº 5654 el personal de la fuerza de seguridad de la provincia podrá desplegar actos y conductas tendientes a su sindicalización,  en tanto que tales actos o conductas no alteren el normal funcionamiento del servicio de seguridad que le es propio y en tanto no se aparten del orden jerárquico y la cadena de mandos  vigentes,  no incurrirá en faltas que conlleven sanciones. 
 
El diputado detalló que la sindicalización de las Fuerzas Armadas está autorizada en Israel, Alemania y Estados Unidos; así como las Fuerzas Policiales en Uruguay, Suecia, España, Bélgica. Pero enfatizó: “Obviamente que estamos en presencia de un servicio que no puede suspenderse, razón por la cual realizar un paro implicaría exponer a la sociedad a situaciones de total carencia de seguridad. Pensamos que hay otras vías para la protesta, sin caer en la huelga”.
El legislador hizo mención también a la Ley Nacional 23.551 que conforma el régimen legal de las Asociaciones Sindicales, y cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo de la Nación, “en ningún momento excluye de su ámbito de aplicación a las fuerzas armadas y de seguridad”. Y, pese a ser la sindicalización materia delegada al Estado Federal: “Con la reforma que pretende introducir este proyecto, se evitarán las sanciones administrativas al personal policial que promueva, se asocie o integre una asociación profesional de policías o penitenciarios. La importancia de ello, de mínima, es que se erigiría un valladar para toda sanción o eventual reprimenda como consecuencia directa de la actividad asociativa en este terreno de los agentes, aunque seguramente no desterraría al principio, las sanciones encubiertas”, explicó el diputado y ex convencional constituyente en Entre Ríos.
“En este terreno, no hay duda alguna que la cuestión es más política que jurídica. Además, como todo el derecho, es evolutiva”, reflexionó por último Monge. 

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