Proponen crear la Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales

Ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la “Unidad Fiscal Especial de Delitos Rurales”, cuya competencia será la investigación y acción preventiva en esta materia en todo el territorio provincial.

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La Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales contará con una estructura organizativa, de acuerdo a las disposiciones que dicte el Procurador General, en el marco de las facultades conferidas por la Ley Nº10.407. La Unidad Especial contará con un Fiscal por cada Unidad Fiscal y estará bajo la jerarquía del Fiscal Coordinador de su jurisdicción, dispone la iniciativa impulsada por el diputado Julián Maneiro (UCR).

“Los Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares que integren la Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal, de acuerdo a las previsiones legales, las instrucciones del Procurador General y la distribución de tareas que este establezca”, afirma.

La Unidad Fiscal Especial intervendrá, a través de los Delegados Judiciales y en coordinación con la Policía de Entre Ríos, y a través de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, “en todas las actuaciones preventivas y punitivas de delitos que se cometan o intenten en áreas rurales e islas de jurisdicción provincial”. También lo hará en coordinación con la Dirección General de Fiscalización de la Provincia de Entre Ríos, que será competente como titular de la acción penal, en todo lo normado por la Ley Nº 4.841 de Caza, la Ley Nº 4.892 de Pesca y la Ley Nº 10.479 de Áreas Naturales Protegidas”.

“Los acontecimientos que se vienen sucediendo en distintos puntos de nuestro país, y de los cuales Entre Ríos no se encuentra exenta, dan cuenta de un notable incremento en los denominados delitos rurales. Esto pone de manifiesto la necesidad de generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr una mayor eficacia en la función pública de prevenir y sancionar la realización de estos tipos de acciones”, afirmó Maneiro en su proyecto.

“Nos parece oportuno proponer una reorganización institucional que contemple una Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales, con actuación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal con el objetivo de contar con una estructura y una organización judicial especializada”, señaló.

“Debemos destacar a modo de antecedente que otras jurisdicciones provinciales han llevado adelante reformas que crean figuras similares a la aquí propuesta con funciones y competencias similares”, sostuvo y mencionó algunos antecedentes en este sentido.

“En definitiva, consideramos que la especificidad y el incremento del delito rural merece que se activen políticas públicas para su control y erradicación como las que aquí proponemos.

Entendiendo que el “mundo de la ruralidad” tan presente en nuestra provincia por medio de los productores agropecuarios, empleados rurales, prestadores de servicios y contratistas, así como también quienes eligen adoptar este estilo de vida, son ciudadanos merecedores del respeto todos los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución, siendo el respeto a propiedad privada y a la seguridad parte de ello”, concluyó.

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