Media sanción para derogar el descuento de haberes a policías bajo proceso judicial

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La Cámara de Diputados dio media sanción este martes al proyecto de ley del diputado Jorge Monge, que propone cambios en el reglamento policial, de modo tal que los agentes no sufran la retención de sus haberes cuando son procesados.monge

El proyecto de ley impulsado por  Jorge Monge (UCR-Diamante)  modifica los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Policía,  Ley 5.654, referidos a la retención automática de haberes de los integrantes de la fuerza que estén bajo proceso judicial.

Monge defendió su iniciativa en el recinto y al hacerlo se centró en el principio de inocencia, ya que aseguró que el texto apunta a “reparar una injusta desigualdad en al que se encuentra el policía, respecto del resto de los trabajadores  y funcionarios del Estado, es el objetivo de esta propuesta”, dijo.

“La retención  dispuesta en el artículo 145° del Reglamento General de Policía, de la mitad de los haberes al personal policial bajo proceso judicial, constituye sin duda alguna, una sanción anticipada que vulnera el principio de inocencia, es discriminatorio respecto de otros funcionarios públicos y resulta claramente confiscatorio, ya que en la casi totalidad de los casos, estos haberes constituyen  el único ingreso con que cuentan los funcionarios policiales, para satisfacer las necesidades mínimas indispensables de la familia, dado que los funcionarios policiales tienen vedado – con escasísimas excepciones –  realizar otra actividad remunerada”.

En ese sentido,  el diputado y ex convencional, remarcó que “quienes se ven sometidos a proceso,  se encuentran en una situación de flagrante injusticia, en virtud de que se alteran de manera ilegítima e inconstitucional, no solamente la presunción de inocencia y debido proceso legal  previstos en el art. 18° de la Constitución Nacional, sino también tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración  Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, y “viola el principio de igualdad, ya que ningún otro empleado público de la provincia en el momento de ser procesado, se le realiza un descuento automático”, distingue Monge no sin antes plantear el perjuicio económico y moral que sufre también la familia del policía o la imposibilidad futura de revertir esta situación.

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