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El miércoles 10 de julio se realizará una jornada de lucha en el acceso al Túnel Subfluvial entre Paraná y Santa Fe (Ruta Nacional 168), para exigir al gobierno provincial que reglamente el uso de fitosanitarios, confirmó el director del tercer distrito de Federación Agraria Argentina (FAA), Matías Martearena.

En la asamblea de productores autoconvocados que se llevó a cabo en Crespo, “se realizó un análisis de lo que se hizo desde que la justicia entrerriana restringió las pulverizaciones en la provincia, que dejó improductiva a 300.000 hectáreas”. En ese marco, se cuestionó duramente la demora en la elaboración del Decreto reglamentario, que destrabaría el conflicto, “por lo que se definió convocar una movilización el 10 de julio, a las 9:30, en el acceso del túnel subfluvial”, indicó Martearena.

La protesta será la segunda que realizará el sector, en un conflicto que ya lleva meses. La jornada de lucha se suspendería sólo si el gobierno provincial pone en vigencia el nuevo Decreto para la aplicación de fitosanitarios.

“Entendemos que el gobierno está trabajando, pero no lo hace con la velocidad que debe, porque hay ciclos productivos en el campo, que no responden a tiempos políticos”, dijo el dirigente de FAA.

En ese marco, la presidenta de FAA Crespo, Mariela Gallinger, lamentó la burocracia para dictar la norma: “En el gobierno no entienden los tiempos del campo, es decir, hay una incomprensión total de cómo es la vida en el campo, ya que estas restricciones generan tremenda dificultas de cómo seguir adelante pagando los impuestos y manteniendo la familia cuando está todo parado y se están pasando los ciclos productivos del trigo, ya venimos mal y tarde para los cultivos de verano”.

Al respecto, detalló que la medida judicial profundiza el proceso de desarraigo rural, “porque los productores y sus familias migrarán a las ciudades por la imposibilidad de sembrar; otros hablan de retirar a sus gurises de las escuelas, por la mudanza de los familiares; y preocupa la continuidad de la fuente de trabajo de empleados rurales, quienes ven afectadas sus tareas en estas 300.000 hectáreas”. Al respecto, comentó que “se sospecha que habría negocios inmobiliarios, que están comprando estas tierras improductivas a precio vil”.

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