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El máximo tribunal devolvió la causa en la que acusan al exintendente diamantino y a su ex secretario de gobierno por no girar el dinero de jubilaciones de los empleados. Estimó que el hecho debe ser discutido en un juicio oral.

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Luego de varios años del inicio de la investigación, la Justicia seguirá analizando la causa en la que el exintendente de Diamante y actual diputado provincial, Juan Carlos Darrichón, es acusado por la Fiscalía de no girar a la Caja de Jubilaciones del municipio el dinero que les retenían a los trabajadores por sus aportes previsionales.

El actual legislador fue sobreseído en dos oportunidades por el delito de Incumplimiento de deberes de funcionario público, pero en la tercer y última instancia judicial a nivel provincial, recibió un inesperado revés: el Superior Tribunal de Justicia ordenó que la Cámara Penal revea nuevamente la medida que lo había beneficiado, y al mismo tiempo estimó que el ámbito propicio para dilucidar si Darrichón y el coimputado Miguel Zapata delinquieron, es el juicio oral y público.

La historia comenzó cuando miembros de la Caja de Jubilaciones Municipal denunciaron en la Fiscalía local, a cargo de Juan Francisco Ramírez Montrull, que la Intendencia no realizaba los depósitos de los trabajadores de la comuna, que mensualmente rondaban en los 65.000 pesos en total. Luego de las pericias pertinentes, principalmente las realizadas por los contadores, el fiscal acusó y el juez Jorge Barbagelata Xavier imputó a Darrichón, al exsecretario de Gobierno Héctor Zapata, y a la excontadora de la comuna, Olivia Taleb, por el mencionado delito. Pero luego de una extensa instrucción, el magistrado sobreseyó a todos. La Fiscalía apeló la medida ante la Cámara Penal, donde el tribunal de la Sala 1 confirmó el sobreseimiento. Los acusadores públicos insistieron en procesar a Darrichón y a Zapata, y recurrieron en Casación ante el STJ, cuya resolución fue conocida este jueves.

La Sala Penal del STJ, integrada por Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak dictó el fallo. El primero de ellos, en su voto, consideró que el tribunal no precisó con claridad cuál debía ser la solución ajustada a la causa, generando de ese modo la incertidumbre de no saber si los acusados fueron sobreseídos porque, en realidad, su conducta no encuadró en ninguna figura penal o porque obraron amparados de modo indudable bajo una causa de justificación.

En este sentido, manifestó: “Esto impide conocer a los imputados principalmente, pero también a la ciudadanía en general, cuál ha sido la verdadera razón exonerante de responsabilidad penal. Imagínese las peligrosas proyecciones a futuro, para el resto de los presidentes municipales o funcionarios que ocupen cargos similares, no contar con un antecedente judicial que despeje de toda duda y determine con meridiana luminosidad, si tal práctica es o no un delito”.

Finalmente -entre otras consideraciones-, el vocal sostuvo: “El sobreseimiento aparece, en principio, como una medida apresurada, en tanto el contradictorio oral sería el ámbito idóneo para probar y alegar las complejas discusiones”.

En la sentencia, ordenaron que nuevamente la Cámara Penal (segunda instancia judicial) vuelva a discutir el sobreseimiento de los dos acusados, pero opinaron que lo mejor sería que ambos vayan a juicio, publicó Uno.

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