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En el marco de los lineamientos que el gobierno nacional de Mauricio Macri viene bajando a las provincias desde el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal -que Entre Ríos integra a través del ministerio de Economía-, el Poder Ejecutivo puso durante el 2017 un freno al crecimiento de la planta de empleados públicos y, de hecho, la redujo.

El procentaje es mínimo: un 0,26 por ciento entre el 31 de diciembre de 2016, y la misma fecha de 2017. Pero de gran importancia política y simbólica para el gobierno de Gustavo Bordet, según el comunicado oficial.

Esta reducción de la planta de empleados públicos se llevó a cabo sin producir despidos ni resentir servicios a la comunidad. Al contrario, la provincia ha asumido nuevos servicios en salud, educación y desarrollo social que antes prestaba Nación”, valoró el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.

“Cada una de estas definiciones va atada a iniciativas que tengan impacto en la generación de empleo en el sector privado. Entre Ríos tiene un enorme potencial pero además tiene una incidencia del sector privado importante, diferente a lo que ocurre en otras provincias, donde es el Estado el mayor generador de recursos”, entendió el funcionario.

Austeridad
Labriola explicó con cifras el proceso dado en la planta de personal. “El primer año (2016) logramos desacelerar el crecimiento de la planta, pasando de un incremento del 3,5 por ciento a uno del 1,19 por ciento, cumpliendo compromisos de pases a planta asumidos el año anterior, y ya en el segundo año logramos reducirla, y todo ello sin resentir servicios a la población”, indicó.

Entre los factores que permitieron este descenso se encuentran “la reducción de ministerios y secretarías que llevó adelante el gobernador, control de ausentismo, de cumplimiento de las tareas y las jubilaciones. Hace dos años venimos priorizando cubrir las vacantes de servicios básicos, como salud, seguridad y educación”, especificó el funcionario.

El titular de la Secretaría de Hacienda también destacó que “a fines del año pasado Bordet cumplió su compromiso con los gremios estatales regularizando la situación de 5.000 agentes con antigüedad y mayoritariamente vinculados a los servicios de salud y educación, lo que significa un profundo respeto por los derechos de los trabajadores”.

Acuerdo con Nación
El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, conducido por el ministerio de Economía nacional, fijó una serie de metas con el objetivo de achicar los déficits provinciales a las que adhirieron las provincias. Entre otras son:

– que el personal de planta en las administraciones públicas provinciales no aumente en proporciones mayores que el crecimiento de su población;

– que aquellas provincias que controlen su gasto corriente puedan acceder al crédito internacional sin necesidad de contar con el visto bueno de la Nación;

– que aquellos gobernadores cuyo déficit sea superior a la media nacional no puedan designar fondos de gasto corriente más allá del índice de inflación (una fórmula para moderar el pago de salarios estatales exclusivamente);

– la cláusula denominada “regla de fin de mandato” por la cual se prohibirá que en los últimos seis meses de mandato un gobernador asuma gastos permanentes, que herede el próximo mandatario.

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