Denuncian que detrás de la protección del Arroyo Doll hay “intereses políticos y económicos”

Desde la Comisión Radical por la Producción y el Trabajo tomaron la medida como "un avance preocupante e inconsulto". Defienden a productores y aseguran que los vecinos y legisladores que promueven el proyecto de ley que tiene media sanción, "deberán responder por los daños ocasionados".

La iniciativa para declarar Zona natural y cultural protegida” al Arroyo Doll y el proyecto de Ley que declara al curso de agua como “Zona de Reserva Exclusiva para la Pesca Deportiva”, ya despertaron la polémica.

Primero un grupo de productores de la zona manifestó su rechazo a las iniciativas por calificarlas como “inconsultas” y por temor a que atenten contra el actual modelo productivo o “pongan en riesgo a la propiedad privada”.

Ahora se manifestó sobre el tema la Comisión Radical por la Producción y el Trabajo, más precisamente la ingeniera Andrea Lisasso, ex directora de Desarrollo Local de Diamante, quien en nombre de los productores y tras la reunión del pasado 19 de diciembre en Costa Grande, sostuvo: “nos interiorizamos de la actividad llevada a cabo por un grupo que dicen ser vecinos de Molino Doll y pertenecientes al camping ubicado sobre el arroyo, la mayoría son recientes y sin historia en la zona“, criticó.

La dirigente radical calificó a la propuesta como un “avance preocupante e inconsulto de este pequeño grupo, con propósitos aparentemente nobles, sobre temas que no conocen, sin dar la menor participación a quienes son los principales interesados y posibles perjudicados, es decir, a los productores que tienen campos sobre el Arroyo Doll desde hace varias generaciones”.

Denuncian que se esconden intereses políticos y económicos

“Ya está muy trillado el armado de operetas por supuestos activistas ambientalistas, que en realidad son activistas políticos, detrás de los cuales se ocultan intereses políticos y económicos“, expresaron desde el grupo de la UCR.

En ese marco sustentó sus afirmaciones en que se trata de “negocios, ya sea inmobiliarios, turísticos, y otros que vienen después. Como al decir de ellos están respaldados por la senadora de Diamante y el senador de Victoria, vemos que hay una clara intencionalidad política y probablemente económica, ya que ninguno de los dos senadores habló con sus votantes, ni se interiorizó de la realidad del arroyo, ni consultó a las juntas de gobierno elegidas por el voto popular, las cuales se enteraron a través de los medios”, aseveraron.

Mezcla con la grieta nacional

En otro tramo del documento enviado a Informe Litoral, Lisasso relacionó al tema con el contexto político nacional y la grieta entre el oficialismo y sectores opositores.

“Es por ello que en el contexto de la situación nacional y provincial que estamos viviendo de persecución, hostigamiento, presión impositiva confiscatoria, rotura de silobolsas, incendios de islas y campos, irrespeto de la propiedad privada, hacemos responsables de los delitos descritos anteriormente a aquellos que están actuando para producir conflictos entre vecinos, y a las autoridades del gobierno provincial y nacional“, argumentó su análisis.

“Ellos tendrán que responder por los daños ocasionados a los bienes de los productores y sus vidas, ya que son de público conocimiento las incitaciones a destruir silobolsa y quemar campos por parte de conspicuos voceros de los mismos, y la promulgación de leyes dirigidas en tal sentido”, concluyó el escrito.

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