Compartilo:

El ex dueño del frigorífico Pedro Aranguren SA, denunció al jefe comunal de la localidad que la da nombre a la firma. Sostiene que el funcionario comete abuso de poder al retener de manera “ilegal e ilegítima”, herramientas, muebles, útiles y enseres de la planta que son de su propiedad.

Aranguren5

Ricardo Taboada, ex titular del frigorífico Pedro Aranguren SA, denunció al intendente de Aranguren Eduardo Tessore, por la supuesta comisión de los delitos previstos en los artículos 173º inciso 2 y artículo 174º inciso 6 del Código Penal (ver aparte). Aunque la denuncia que se dirime bajo la carátula Municipalidad de Villa Aranguren c/ Taboada, Ricardo A. y otro s/ Desalojo y cobro de alquileres, en la que se solicitó el desalojo del frigorífico y el cobro de una deuda por el canon, con carácter retroactivo, por el uso del bien y tasas municipales, arrastra una intrincada sucesión de instancias políticas, económicas y judiciales.

En la denuncia, el empresario sostuvo que de la causa surge “clara y contundentemente como Tessore, con ostensible, grosero e inexcusable abuso de la jurisdicción y, exorbitando el mandato judicial, se apropia primero y retiene indebidamente después, los bienes muebles que son de mi propiedad y que no se encuentran dentro del lote de los embargados por la ejecución prendaría incoada contra el suscripto, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial Nº 1, Secretaría Nº 1, de Paraná y su jurisdicción”.

En la denuncia que realizó ante la Fiscalía en turno, con el patrocinio de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, el empresario señaló que “es claro que el incumplimiento de la entrega o restitución exigible para Tessore de bienes de mi propiedad exentos de las medidas ejecutivas promovidas, equivalieron legalmente a la apropiación”.

Taboada cuestionó que Tessore, designado depositario judicial de algunos bienes del frigorífico en virtud de una causa que le inició el Estado provincial al empresario, se apropió “ilegítimamente de bienes sobre los cuales no tiene incidencia la orden judicial, pues excede con creces los límites de la manda judicial despachada, que es clara e inequívoca. Y a la vez, se configura a unísono, una clara retención, también indebida”.

El 13 de junio de 2013, Taboada intimó a Tessore a restituir los bienes que considera de su propiedad, recibiendo como respuesta que lo atinente a ese reclamo se ventilaba en la causa que la comuna le inició por desalojo y cobro de alquileres.

Historia

Según reconstruyó Taboada en su denuncia, en mayo 2001 instaló en Aranguren, previo acuerdo con el intendente Abel Librarato que era el jefe comunal en esos años, una planta frigorífica. El empresario precisó que el ex intendente le ofreció el predio del ex Matadero Municipal. Para ello, las partes firmaron un contrato de comodato, que se adjuntó en la denuncia, por el cual el Municipio le cedió el inmueble de 10.000 metros cuadrados, que es propiedad del Estado Provincial, “con todas las anexidades edificadas, plantadas y adheridas al suelo”. Taboada precisó que tras cumplir con “toda una serie de trámites administrativos, con presentación de planos, memorias, proyectos”, el 4 de septiembre de 2001 la planta fue habilitada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) “para tráfico federal en sus dos especies (bovino y porcino)”, y el 13 de septiembre de 2002 quedó constituida la firma Frigorífico Pedro Aranguren SA.

El empresario aseguró que pactó los bienes que se incluían como dados en comodato y los que fueron prestados, tratándose de “escasísimos enseres que estaban dentro del predio”, compuestos por “algunos aparejos y barandas, tal como se expresa puntualmente en el informe emitido por el Consejo Provincial de Tasaciones”, el ente público que se encargó de hacer el relevamiento del estado del inmueble y de lo que en él se encontraba al momento del comodato.

Taboada sostiene que “de las cosas dadas en préstamo en virtud del acuerdo firmado, el único bien dado por la Municipalidad fue el predio de una hectárea correspondiente al ex matadero municipal”, donde “sólo existía una vieja edificación” que fue construida en 1973, como corrobora el Informe de Inspección y Tasación efectuado en 2001 por el Consejo de Tasaciones de la provincia. Así, argumentó que “sobre dicho bien se efectuaron numerosas construcciones que implicaron la ampliación de varios cientos de metros cuadrados de edificación a los existentes originalmente”, los que están acreditados en el formulario de reinscripción de la planta frigorífica presentado ante la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario e “implicaron un aumento en la superficie cubierta que llegaron a 5.200 metros cuadrados”.

Taboada sostiene en la denuncia que “sobre la totalidad de estas construcciones y/o mejoras, se montaron todos y cada uno de los bienes, útiles, maquinarias y enseres que componen la planta frigorífica”, los que sostiene, son de su propiedad. Además precisó que “nunca se confeccionó un inventario por separado y, menos que menos, por escritura pública del acuerdo, porque jamás se me dio en préstamo como parte del mismo ninguna herramienta, mueble, útiles y enseres, ya que todos y cada uno de los bienes que formaron parte del Frigorífico Pedro Aranguren SA, fueron y son de mi propiedad”.

La prenda

El empresario explicó que para la compra de los bienes, obtuvo “distintos créditos del gobierno provincial por intermedio del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver)”, sobre los cuales acordó contratos prendarios a favor de la provincia. En 2007 el frigorífico sufrió una crisis económico-financiera y enfrentó distintas ejecuciones, entre las que se encuentra la causa Estado provincial contra Ricardo A. Taboada, sobre ejecución prendaria. El empresario recordó que aquel año cambiaron las autoridades de la Municipalidad de Aranguren, asumiendo Tessore, de quien señaló que antes de asumir, desde su cargo de concejal, se opuso “cerrilmente a la instalación del frigorífico y mucho más a que se me cediera en comodato”.

Taboada sostuvo que sólo siete lotes de bienes prendados, sobre un total de 63, se ejecutaron a instancias del gobierno provincial, lo que a su entender constituirían aproximadamente el 11% de la totalidad de los mismos. También precisó que de las diferentes prendas constituidas a favor del Estado Provincial “se ejecutaron sólo cuatro”, que son las referidas únicamente a los bienes sobre los cuales se trabó embargo y se emitió la orden de secuestro que nunca se efectivizó, designándose a Taboada como depositario judicial de los mismos, lo que después se modificó por la causa promovida por la comuna, en la cual se nombró a Tessore como depositario.

La orden de desalojo se dictó el 8 de abril de 2013, y según asegura el empresario “nada dice respecto de los bienes allí existentes”. Taboada señaló que a partir de la notificación de desalojo el 30 de abril de 2003 “se intentó llegar a una solución razonable y equitativa a este problema”, a través de distintas instancias gubernamentales y sindicales que no tuvieron posibilidades de desarrollo.

Qué dice el Código Penal
El Código Penal prescribe en el inciso 6 del artículo 174º, en el Capítulo IV Estafas y otras defraudaciones, pena de prisión de dos a seis años para quien “maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital”.

En el artículo 173º, inciso 2, que considera los casos especiales de defraudación, entre el que se encontraría el fundado por retención indebida, y prevé pena de prisión de un mes a 6 años, al “que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver”.

Fuente: El Diario

Compartilo:

COMENTÁ LA NOTA