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A once años del conflicto que se desató entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la Resolución 125, la Justicia reactivó una causa judicial contra los integrantes de la Mesa de Enlace de ese momento y representantes de la oposición, por una protesta que se realizó el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional N° 9, a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, que se había transformado en uno de los puntos centrales de la movilización de los productores agropecuarios.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que el Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzoprocesó y trabó un embargo de 50.000 pesos, “por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo”.

Los procesados son: Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

Además, fueron procesados: Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

A muchos llamó la atención la decisión judicial, ya que en 2017 el magistrado había sobreseído a todos los imputados. Sin embargo, tras una apelación que se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, la causa volvió a tomar impulso y se llegó a este procesamiento y embargo.

Desde algunos sectores de la dirigencia del campo plantearon que este fallo de la Justicia podría atribuirse al cambio de escenario político que atraviesa el país por estos días. Tras el conflicto por la Resolución 125, la relación entre el campo y el kirchnerismo fue de permanente confrontación, a pesar de los esfuerzos realizados para dejar atrás las diferencias.

La Resolución 125 tenía como objetivo implementar un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz. La misma fue rechazada, tras varios días de protesta del campo en todo el país, con el voto “no positivo” del ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, durante una maratónica sesión en el Senado.

Ayer desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresaron que en ese momento de la historia de nuestro país, “el campo se movilizó frente al intento de cercenar la comercialización de granos en la Argentina y de apoderarse del trabajo, el capital y la renta de los productores granarios. Eran los tiempos del vamos por todo, felizmente superados”.

Repercusiones del fallo judicial

Mediante un comunicado de prensa, las nuevas autoridades de CRA expresaron la solidaridad con el ex titular de la entidad, Mario Llambías. Y agregaron: “Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados luego de 11 años de aquellos sucesos”.

Y también manifestaron: “Aquellos reclamos no difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden. Cuesta entender el por qué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas. Cuando reclama el campo, proceso judicial; cuando reclaman los movimientos sociales, justificación y solidaridad”.

Todo esto sucede, también, en un escenario actual en donde el campo aguarda definiciones del gobierno de Alberto Fernández sobre un aumento de las retenciones. Los dirigentes del campo, en las últimas horas, enviaron una carta al flamante ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterrasolicitando una audiencia para analizar el documento que elaboró la Mesa de Enlace y que presentaron meses atrás al Presidente de la Nación.

En dicho documento, «Propuestas del Campo y la Producción”, se reclama una política agroindustrial de largo plazo que contribuya a mejorar la competitividad, mediante una baja de los costos laborales y la presión impositiva, y que a su vez haya previsibilidad económica, seguridad jurídica e interacción público-privada. También un cambio en el actual esquema de financiamiento productivo, de la mano de un sistema financiero que apalanque el crecimiento.

La dirigencia del campo se mostró dispuesta a trabajar en conjunto con el nuevo gobierno en la búsqueda de consensos, y expresaron en la carta dirigida al ministro: “Nos ponemos a disposición para trabajar con usted, para procurar el apuntalamiento del sector agroindustrial de modo que pueda alcanzar todo su potencial como motor del desarrollo nacional«. (Fuente: Infobae)

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