En la Cámara Baja provincial, el bloque del Frente para la Victoria quiere declarar el repudio a la ley impulsada desde el gobierno nacional. De aprobarse el proyecto promovido por Cambiemos, la religión y creencia podría prevalecer sobre obligaciones legales.
Un proyecto de declaración presentado el viernes en la Cámara de Diputados de Entre Ríosbusca repudiar la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional sobre “libertad religiosa”, que -entre otros puntos polémicos- permite, a través de la llamada objeción de conciencia “invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”.
Sintéticamente, el proyecto pone a las creencias religiosas por encima de las leyes, a ciertas creencias religiosas por encima de otras similares y a las creencias religiosas en general por encima de otro tipo de convicciones no religiosas como podría ser el ateísmo.
El proyecto impulsado desde el bloque del Frente Para la Victoria (FPV) en la Cámara de Diputados de Entre Ríos declara “el repudio al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la nación”.
“El proyecto de Ley contradice obligaciones internacionales del Estado argentino al establecer una protección a la libertad religiosa que sólo repercutiría en el menoscabo de los derechos humanos de una amplia franja de la población, al habilitar y proteger la imposición de una serie de creencias religiosas que ahora pretende avalar el Estado”, advirtieron.
Uno de los puntos de mayor gravedad se encuentra en el artículo séptimo, que regula la objeción de conciencia y establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”, consignó AIM.
De estas disposiciones se desprende que todo servidor público en el ejercicio de sus funciones “puede invocar su deber religioso para negarse a llevar adelante determinados actos, negando así los derechos de los ciudadanos, niños y mujeres que ya han sido adquiridos por leyes y tratados internacionales, a los que la República ha adherido oportunamente”, argumentan en el oficialismo provincial.
Por otro lado, observan los diputados justicialistas que “esta iniciativa viene a modificar de manera radical y fundamental, una regla constitucional básica en todo Estado de Derecho, como es el principio de neutralidad estatal”, lo que implica que el Estado “no puede, argumentando defender una falsa libertad religiosa, imponer determinadas preferencias y privilegios a ciertos credos y obligando a las personas y comunidades a seguir principios y reglas propias de religiones a las que no adhieren ni practican. Precisamente, la laicidad impone un deber de neutralidad estatal, por la cual el Estado no debe promover determinados cultos”.
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